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Vecinos exigen al Gobierno vasco no renovar en 2014 la licencia al crematorio del Gas

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Tags: crematorioPlazadelGasBilbao

Lamentan que el fallo del Supremo que restituye la norma de 500 metros de distancia mínima a núcleos habitados «llega tarde»

Con la sensación de haber obtenido un triunfo agridulce, de ganar el partido, pero haber quedado eliminado. Así ha recibido la plataforma que aúna a los vecinos y asociaciones ciudadanas que se oponen al crematorio de la Plaza del Gas la última sentencia dictada por el Supremo, que restituye la normativa del Ayuntamiento de Bilbao por la cual se prohíbe la instalación de equipamientos de este tipo a menos de 500 metros de un núcleo habitado. «Lamentablemente, la Justicia es lenta y llega tarde», declaró uno de los portavoces de los afectados tras conocer el fallo del alto Tribunal, adelantado ayer por este periódico.
Y es que, pese a que la resolución da la razón al Consistorio y, por consiguiente, a las reivindicaciones de los vecinos, no tendrá consecuencia directa contra el horno de la empresa Funeraria Bilbaína, un hecho con el que «se vuelve a imponer el beneficio privado frente a los intereses de los bilbaínos». Los vecinos, al mismo tiempo, atribuyen a las instituciones una parte de culpa de todo lo ocurrido. A su juicio, «la sentencia del Supremo viene a demostrar la ineficiencia o la despreocupación de las administraciones públicas competentes en este caso». Apoyan esta acusación en el hecho de que la compañía de pompas fúnebres obtuviera la licencia de actividad, por vía judicial, antes de que existiera una normativa municipal sobre esta materia.
Con la nueva situación creada, el deseo de los vecinos no es otro que en 2014, año en que expira la licencia del Departamento de Medio Ambiente -la consejería del Gobierno vasco limitó la vigencia del permiso de ocho a tres años-, ésta no se prolongue durante un mayor periodo de tiempo. No obstante, «después de ocho años y medio luchando contra esta sinrazón», el colectivo buscará otras victorias en su particular batalla contra las decisiones judiciales.
Así se entiende la ampliación de la denuncia presentada la pasada semana ante la Fiscalía, después de que el ministerio público rechazara su primera demanda, en la que pedía que se investigaran tanto las posibles consecuencias para la salud que puede tener el horno incinerador, como el proceso administrativo que desembocó en la concesión de permisos y licencias. Su nuevo movimiento se fundamenta «en tres causas», aunque tiene su motor principal en las mediciones que debe realizar el Ejecutivo autónomo. Según la plataforma, Funeraria Bilbaína tendría que haber instalado unos filtros que permitieran controlar sus emisiones a la atmósfera de la villa. «A día de hoy no tenemos constancia de que se haya hecho una inversión en este sentido», denuncian.




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