Servicios Funerarios pide reabrir el crematorio - Crematorium.eu News about crematoria in Europe - www.crematorium.eu informs about crematoria in Europe- Krematorium.eu- crematorio.eu, find a crematorium

La empresa solicita orientación en el proceso que debe seguir tras la recalificación de la parcela

Servicios Funerarios de Miranda SL ha dado el primer paso para obtener la licencia que le permita reabrir el crematorio en su actual emplazamiento. La empresa ha hecho llegar esta misma semana al Ayuntamiento una carta en la que solicita información específica sobre el proceso administrativo que debe seguir a partir de este momento para volver a poner en marcha la instalación del tanatorio. Las aclaraciones que necesita van ligadas al cambio que se ha producido en la polémica parcela de 9.122 metros cuadrados, que hace dos meses obtuvo la condición de Suelo Urbano Consolidado.
La empresa, después de varias sentencias favorables a los vecinos que se oponen a la ubicación del servicio junto a la carretera de Orón, solicitó hace un año el inicio de un proceso que diera cobertura a la reactivación del horno. Este tuvo que inhabilitarse por decreto de Alcaldía después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Burgos y la sala del TSJ de Castilla y León invalidasen las licencias ambiental y de obras otorgadas por el propio ayuntamiento en el arranque de la anterior legislatura.
Con la petición de Servicios Funerarios SL -respaldada por el propio ejecutivo-, se puso en marcha un proceso de recalificación de terrenos. Comprobado ya el fracaso de la fórmula del 'uso excepcional del suelo' para el crematorio, se optó por dar unos pasos que el propio Fernando Campo, en una entrevista aún como candidato, publicada por EL CORREO, reconoció debía haber dado antes. El error se ha querido enmendar buscando que el suelo rústico se convierte en lo que ya es hoy, Urbano Consolidado.
En el camino se han quemado todas las etapas administrativas que exige lo que se interpreta como un proceso rutinario. En abril el secretario del Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León confirmó al Ayuntamiento que la parcela tenía ya la nueva calificación. Este documento, en circunstancias normales, hubiera sido valorado como un trámite. Pero la polémica que ha rodeado al crematorio desde que el proyecto comenzó a gestarse confirió al papel un gran valor documental.
Tanto es así que el Consistorio lo incorporó al informe de alegaciones con el que pretendía frenar un desenlace que, al final, se le echó encima. «Se ordena el desmantelamiento y traslado fuera de las dependencias del tanatorio del horno incinerador debiendo informar al juzgado por órgano encargado del cumplimiento de actuaciones a la mayor brevedad posible». Esa fue la respuesta que no esperaba de la sala de lo Contencioso Administrativo Número 1 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La conoció el 29 de abril; apenas unos días después de recibir la carta de la Junta.
Registro de entrada
Pero curiosamente, no de un modo formal. Ayer el ya alcalde confirmó que no se ha dado entrada por registro en el Ayuntamiento a ese último fallo judicial. Esto implica que el tiempo para desmantelar no ha empezado a correr. «Los servicios jurídicos no me han comunicado aún nada a ese respecto. Y lo que me comentan es que, una cosa es informar al procurador, que es lo que se ha hecho. Pero el plazo de cumplimiento de sentencia empieza a correr en el momento en que el Ayuntamiento tenga una notificación oficial por parte de la sala».
Consecuencia: el proceso sigue enrevesado. ¿Existe atasco en los juzgados? Todo apunta a que es así. La puesta en marcha en Burgos de la llamada Oficina Judicial ha generado una importante acumulación de casos. Este mismo contencioso es un claro ejemplo. La orden de desmantelar que, como se ha planteado, se emitió con carácter inapelable el pasado 29 de abril, derivaba de un proceso de alegaciones presentadas tanto por el Ayuntamiento como por Servicios Funerarios de Miranda SL al auto no definitivo que exigía la demolición de las instalaciones. Y este se dictó el 7 de octubre. 6 meses de espera.
Están a punto de cumplirse dos respecto del auto definitivo y este no se ha comunicado aún formalmente a la parte ejecutante. Porque es el Ayuntamiento el que tiene que proceder a desmontar completamente el horno y sacarlo del cubículo que ocupa. Se daban, precisamente, dos meses de plazo.
Ahora la empresa se ha adelantado. Y puesto que el proceso que solicita se rige por un procedimiento ordinario y reglado, no es descartable que obtenga la autorización municipal antes de que venza el margen judicial. «La solicitud de información de la empresa se presentó el lunes o el martes. Ahora son los servicios técnicos municipales los que están viendo el tema y van a contestar concretamente cuál es el procedimiento que tiene que seguir».
En Junta de Gobierno
La respuesta se trasladaría no antes de dos semanas. Servicios Funerarios tendrá que preparar y trasladar la documentación requerida. Los mismos técnicos del departamento de Urbanismo dispondrían entonces de un plazo para estudiar y validar si se cumplen los requisitos planteados «con esa nueva legalidad». Lo rutinario del proceso -el que se seguiría para la concesión de cualquier otra licencia de actividad- no requiere una ratificación especial. Esto es, una vez que Urbanismo dé el visto bueno a la apertura del crematorio, bastaría con que la Junta de Gobierno Local lo validase en una de sus reuniones semanales.
En el terreno de los supuestos, y así se admite desde el propio Gabinete de Alcaldía, no es descartable que haya que cumplir con el fallo judicial con esa autorización encima de la mesa. Porque lo que sí es imposible -tendría consecuencias- es que se pudiese llegar a activar el servicio sin cumplir previamente con el mandato judicial.
Campo ya lo dejó claro en mayo. «En dos meses se saca (el horno) porque creo que en ese tiempo no vamos a poder legalizarlo. Tenemos que cumplir la sentencia, así que es posible que se guarde en algún almacén y después vuelva». Lo que no entraba en ese momento en sus planes ni en el de los propios servicios jurídicos, es que la notificación oficial fuese a tardar tanto tiempo; casi esos dos meses que el propio regidor se daba como plazo para desmontar, trasladar y guardar. Surge una duda: si se otorgara la licencia con anterioridad al vencimiento del plazo -suponiendo que el fallo haya entrado por registro oficial en el Consistorio-, ¿bastaría con notificar a la sala que el servicio se ajusta a las nuevas exigencias legales? El alcalde prefiere no pronunciarse. «No sabemos qué es lo que se puede hacer». La concesión de la licencia podría ser cuestión de no más de dos meses.