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Miranda:El Ayuntamiento ve viable reabrir el crematorio pese al último fallo judicial

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Al no obligar a demoler, se confía en que el cambio en la parcela permita devolver al tanatorio un horno que debería desmontarse en menos de 2 meses

La resolución judicial que obliga al desmantelamiento del horno crematorio «a la mayor brevedad posible» será valorada hoy por Fernando Campo durante su habitual comparecencia semanal ante los medios de comunicación. Ayer el gabinete de Alcaldía aplazó cualquier pronunciamiento «hasta no analizar en profundidad» el contenido de un texto de 12 folios que, si bien estima parcialmente las alegaciones de la empresa y el consistorio al no obligar a desmantelar recinto físico alguno, sí deja claro que el incinerador no puede permanecer en el tanatorio. Aunque lleve sin usarse más de un año.
A la espera de ese análisis oficial, los servicios jurídicos habrían ya planteado al responsable municipal una interpretación. De entrada, tal y como reflejó ayer este periódico, el tiempo de que se dispone para desmontar completamente el horno y llevarlo a otro emplazamiento es de dos meses. A partir de ahí, el Gabinete de Fernando Campo tendría claro que el fallo judicial en ningún caso alteraría el proceso que se inició el pasado mes de mayo y que ha concluido hace escasamente tres semanas: la parcela de 9.122 metros cuadrados, situada en el número 63 de la carretera de Orón, ha pasado de ser rústica a tener la condición de Suelo Urbano Consolidado.
Por tanto, en el momento en que Servicios Funerarios SL solicite la licencia de actividad, el Ayuntamiento la concedería siguiendo un procedimiento totalmente reglado y «si cumple la nueva legalidad». Esas han sido las palabras que ha venido utilizando el presidente de la corporación en las últimas semanas. Se daría, en tal caso, una circunstancia cuando menos peculiar: el horno saldría del tanatorio para regresar a ese mismo emplazamiento en un puñado de meses.
La portavoz del Grupo Municipal de IU e integrante del equipo de Gobierno, aseguró ayer que «teníamos claro que si la sentencia decía que se debía quitar, se tenía que cumplir. Y se hará. Lo que se pedía en el recurso es a qué se refería en concreto con la demolición» -hoy ya descartada-. En una valoración rápida, Ortega considera que «el problema del horno estaba relacionado con unas condiciones urbanísticas determinadas. Éstas han cambiado». La edil, por tanto, ve «factible» seguir adelante con el procedimiento que acaba de culminarse.
Tanto el PSOE como IU han dado salida con sus votos a las distintas fases administrativas que exigía el proceso para conferir nueva identidad a la citada parcela. Una tramitación ordinaria, que en su momento contó con el respaldo de los informes de la Secretaría General; informes a los que se añadió otro a petición del Grupo Municipal del PP, si los concejales podrían incurrir en algún tipo de ilegalidad al plantear ese proceso después de (en aquel momento).
Fallos contrarios
La pregunta estaba motivada en un hecho real que se producía en mayo del pasado año: había tres fallos judiciales contrarios al crematorio con invalidación de sus licencias de obras y ambiental, así como la que otorgó el uso excepcional del suelo al solar y, por tanto, la que posibilitó realizar una ampliación en el tanatorio para albergar el horno (la nueva estancia tiene algo más de veinte metros cuadrados).
La oposición, en este sentido, mantuvo ayer lo ya planteado en anteriores ocasiones: «Este proceso (la recalificación) tenía que haberse hecho antes». Los populares han optado de forma reiterada por la abstención. «Creo que con esta aclaración -en referencia al fallo que obliga a desmantelar el horno incinerador-, al menos por nuestra parte, consideramos que el tema está zanjado». A partir de ahora, defendió Borja Suárez, «se tienen que depurar responsabilidades y pediremos que nos den las explicaciones oportunas de por qué hemos llegado a este punto, por qué el crematorio no cumple no la normativa, por qué tenemos que retirarlo y qué va a pasar a partir de ahora».
Los ciudadanos que, de forma privada o a través de la Asociación de Vecinos de El Crucero, decidieron recurrir a los tribunales la decisión del Ayuntamiento hace casi cinco años «se han visto con la razón de forma muy clara». Y es en este punto en el que exige al alcalde una «respuesta concisa, sin algaradas, chulerías y sin soberbias. Tiene que responder a todo lo que ha pasado aquí y lo que puede pasar».
El PP, entiende que la lógica a aplicar, conocida la respuesta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1, «es clara. El Ayuntamiento debe de dejar de buscar resquicios legales porque uno tras otro todos los pasos han sido sistemáticamente desmontados por las aclaraciones y las sentencias. La pregunta es cuándo vamos a tener crematorio, qué va a pasar con las responsabilidades derivadas de hacer una cacicada y por qué a unos se les tolera unas cosas y a otros no».
Suárez plantea que el PP ha realizado una propuesta que permita emplazar el crematorio en las instalaciones del cementerio. «Pero la realidad es que ya hay una instalación hecha y una empresa familiar que la montó entendiendo que tenía bien todas las licencias y en una ubicación en la que nosotros también estábamos de acuerdo». Son los pronunciamientos judiciales los que «obligan a ser conscientes de que hay que sacar el crematorio de ahí», apostilla.




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